Los tributos están presentes en (casi) todo el mundo de los grandes negocios. En este sentido, el Royalty Minero no se queda atrás, pues es un impuesto específico que afecta a las grandes empresas mineras en Chile.
Su objetivo es regular las contribuciones económicas de quienes explotan los recursos naturales. Este impuesto se paga según el volumen de ventas y los minerales extraídos. De este modo, se asegura una mayor equidad en la distribución de los recursos generados por la minería.
A continuación, en Emprende.cl se detalla cómo funciona este impuesto, a quiénes afecta y cómo se redistribuyen sus fondos.
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¿Cómo se calcula y paga el Royalty Minero?
El Royalty Minero se basa en una fórmula con varios componentes. El principal es un impuesto ad valorem, es decir, un porcentaje sobre el valor de las ventas de minerales.
La tasa es del 1% para las ventas anuales de cobre de explotadores que superen las 50 mil toneladas métricas de cobre fino.
Además, existe un segundo componente relacionado con el margen minero.
Las tasas varían entre un 8% y un 26%, dependiendo de las ganancias obtenidas, siendo las empresas con márgenes más altos las que pagarán más. No obstante, las empresas con ventas entre 12 mil y 50 mil toneladas métricas de cobre fino tienen tasas especiales para evitar cargas excesivas.
El Royalty se paga anualmente. Los explotadores mineros deben enviar a la Comisión para el Mercado Financiero sus estados financieros anuales auditados, tanto individuales como consolidados. También deben presentar sus estados financieros trimestrales, lo que garantiza transparencia en el pago de este impuesto.
Atención, ¡este tributo no aplica a todos los actores de la minería!
Las pequeñas empresas, la minería artesanal y los pirquineros están exentos de este impuesto. Esta exclusión busca proteger a los mineros de menor escala, quienes no cuentan con los recursos de las grandes compañías. El objetivo es evitar que este pago se convierta en una carga excesiva para ellos.
Ley 21.591 sobre Royalty a la mineríaMinisterio de Hacienda. (1 de enero de 2024) La ley crea el «Royalty Minero», un impuesto aplicado a grandes explotadores mineros que extraen y venden minerales. Establece un tributo ad valorem del 1% sobre ventas anuales de cobre superiores a 50.000 toneladas métricas de cobre fino (TMCF), y tasas adicionales entre el 8% y el 26% según el margen operativo. Fija un límite tributario máximo del 46,5% de la renta imponible minera. Los pequeños mineros están exentos. Además, crea un Fondo Regional para financiar proyectos de desarrollo productivo e investigación científica en regiones mineras y ajusta leyes existentes para incluir nuevos aportes fiscales a comunas afectadas por la minería. |
Producto del Royalty Minero: Fondo regional para la productividad y el desarrollo
Los fondos generados por el Royalty Minero no solo van al fisco, también se redistribuyen a través del Fondo Regional para la Productividad y el Desarrollo. Este fondo financia proyectos y planes que impulsan el desarrollo regional. Los gobiernos regionales gestionan estos recursos y pueden transferir fondos a los municipios. El dinero se usa para fomentar actividades productivas y apoyar la investigación científica y tecnológica.
Los proyectos deben alinearse con las prioridades estratégicas de cada región. El fondo está constituido por los recursos que cada año contempla la Ley de Presupuestos del Sector Público.
Aporte adicional para zonas mineras
Además del Fondo Regional, existe un aporte fiscal adicional. Este recurso beneficia a las comunas donde se desarrollan actividades mineras. También se destina a comunas con relaves abandonados que representen un peligro para la salud pública.
Otro aporte fiscal, equivalente a 2 millones 500 mil unidades tributarias mensuales, va a las comunas con mayor dependencia del Fondo Común Municipal o con menores ingresos propios. Estas medidas buscan reducir las desigualdades y apoyar a las comunas más vulnerables.
Los proyectos deben alinearse con las prioridades estratégicas de cada región. El fondo está constituido por los recursos que cada año contempla la Ley de Presupuestos del Sector Público.
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